Bitcoin podría convertirse en una amenaza para Estados Unidos

Cómo lees, algunos medios de comunicación han afirmado que fuentes provenientes de la misma casa blanca, consideran el flujo de criptomonedas en su economía como un factor de alto riesgo para la economía e incluso la seguridad nacional del gigante norteamericano.

El pasado jueves  27 de enero, medios de comunicación en la capital de Estados Unidos dieron a conocer la posición en la que se encuentra el gobierno del país con respecto a la utilización de bitcoin y criptomonedas dentro de su economía.

La cual a pesar de no ser netamente legal, tiene un comercio permitido, y de por sí muy activo, pues la nación americana se ubica en el primer puesto de los países con mayor minería y producción de criptomonedas.

Cabe destacar que la legalización o la prohibición de las criptomonedas dentro de Estados Unidos podría afectar fuertemente en la situación financiera del bitcoin y las demás divisas virtuales a nivel mundial, tanto de manera positiva como con un impacto devastador, ya que el 40% de todas las transacciones y el comercio de compra y venta de criptoactivos se realiza en territorio norteamericano, en la famosa wall street.

Dicho esto, se sobreentiende el porque de la ardua preocupación a la que están sometidos en este momento los usuarios e inversionistas del criptomercado, pues la acciones legales y las regulaciones que vaya a tomar la mayor potencia del mundo, en definitiva va a influir directamente en la economía de los cripto divisas. Y aún más, cuando esté primer mes del año, fue una catástrofe total para los usuarios.

Según explican los medios, no será exactamente el presidente Biden ni el congreso el encargado de establecer estas nuevas regulaciones, pero es de ellos de dónde nace la orden ejecutiva de que las reservas federales, impongan unas nuevas políticas viables para un mejor funcionamiento bursátil del bitcoin y de las demás monedas electrónicas en todo el territorio nacional.

De igual forma expresaron que el gobierno les dio a las agencias federales un plazo de 3 a 6 meses para hacer las propuestas de las nuevas reformas, comenzando a partir de febrero de este mismo año.