A pesar de que el gobierno chino ha sido muy enfático en el hecho de que no quiere que haya minería de criptomonedas en el país, aún siguen apareciendo empresas que operan minan cripto-activos desde hace tiempo, pero de forma ilegal.
La demanda
En esta ocasión, China vuelve a ser el centro de atención, porque un inversionista que había firmado un contrato con una empresa de minería de Bitcoins, aseguró que la compañía lo había estafado. Pues había invertido una gran cantidad de dinero que nunca fue reembolsado en su totalidad.
Según datos más específicos proporcionados por el tribunal del distrito Chaoyang, el inverionista dio a la empresa un total de 10 millones de yuanes, lo cual tiene un equivalente aproximado a 1.6 millones de dólares.
Sin embargo, tras el alto nivel de volatilidad que ha tenido la criptomoneda, las perdidas en esta inversión fueron inminentes, y ahora el demandante esta solicitan un reembolso de su dinero, pues lo único que recibió por parte de la empresa fueron 18.5 tokens de BTC, cuanto en realidad este exigía 217.17 BTC.
La decisión del jurado
A pesar de la muy triste historia del demandante, el tribunal pekinés no puede tomar acciones legales “propiamente” sobre la empresa, ya que está literalmente estaba operando de forma ilegal, y en el momento que el demandante firmo el contrato, conocía muy bien los riesgos que acarreaba una inversión en estos activos.
En conclusión la demanda fue cancelada, pero se propusieron investigaciones para la empresa minera de bitcoin, ya que según el gobierno chino, la minería es una acción que está prohibida dentro del país.
El riesgo de las criptomonedas
Con este caso de inversión en criptomonedas en Pekín, evidentemente vemos cómo aunque algunas personas inteligentemente han invertido y han ganado a través de las mismas, hay quienes han perdido millones de dólares por no conocer bien cómo funcionan el mundo de las cripto-divisas.
Por otro lado, resulta vital que los contratos que se hagan en nombre de inversionistas, sean avalados por firmas de abogados o una notaría pública, para que dicho documento tenga validez legal. En caso contrario solo será un papel firmado sin autoridad.
