Las monedas digitales y las reglas 

Letitia James quien es la Fiscal General de Nueva York, le exige a la industria de las monedas digitales seguir las reglas establecidas ya que de lo contrario, podría poner en práctica algunas restricciones que perjudicarán al sistema financiero “digital”. 

La fiscal afirma que está consciente de la limitada relación entre las monedas digitales y las reglas establecidas por el ente gubernamental en muchos territorios, y en vista de que se han presentando una gran cantidad de inconvenientes, muchos usuarios han sido víctimas de hackers y demás actividades ilícitas relacionadas con el mercado. James le exige al sector de las monedas digitales y a los inversores seguir las reglas.

Los expertos opinan 

Las monedas digitales y las reglas 

En un documento emitido por la oficina del Fiscal General de Nueva York, James dio a conocer una alerta relacionada con las monedas digitales y las reglas vigentes; situación que involucra a los inversores, advirtiendoles que tengan mucho cuidado al momento de invertir en los activos digitales. Para la fiscal las criptomonedas son: “inversiones de alto riesgo e inestables que podrían generar pérdidas devastadoras”.

La Fiscal afirma que actuará con mucha dureza para solventar el problema que se ha presentado en los últimos meses. James alegó que había dado por terminadas las actividades ilícitas que involucraron a Tether y Bitfinex, y cómo parte de un acuerdo con las empresas encargadas, estas deberán presentar un informe completo sobre sus últimos movimientos, pero eso no es todo, porque además, deberán cesar sus operaciones y dejar de prestarle servicio a usuarios en Nueva York.

Pero parece que la suerte no está del lado de las monedas digitales, al menos no de Tether, ya que la fiscal informó que la empresa hizo declaraciones falsas, alegando que sus stablecoins estaban totalmente respaldadas. 

Las limitaciones comienzan   

Si bien las monedas digitales y las reglas no se llevaran bien “por algún tiempo”; James no dudará en aplicar todo el peso de la ley sobre las empresas que sean descubiertas llevando a  cabo alguna actividad que ponga en riesgo la integridad y seguridad financiera, no solo de una persona, sino de un territorio en general.