Poco a poco el mundo ha entendido que la lucha contra las criptomonedas resulta cada vez menos eficiente, ya que estas han tomado poder y protagonismo en la economía mundial y por ello, las naciones están conversando seriamente la forma de integrar esta modalidad económica virtual a la dinámica del Estado de una manera en que esta pueda ser controlable y se pueda mantener bajo el rango de visión del gobierno.
Por ende, el continente Europeo se halla en vías de conseguir un marco regulatorio preciso que abarque las restricciones legales bajo las que se implementará esta nueva iniciativa virtual. Esto, con la finalidad de aclarar y separar las líneas entre lo legal y lo ilícito en su uso para los países pertenecientes a la institución. De esta manera, las empresas podrán trabajar mejor y no habrá ningún tipo de riesgo.
Nueva estructura financiera para criptomonedas
Oficialmente, el pasado 24 de septiembre del año presente, la Comisión Europea realizó un paso que la llevará más cerca de alcanzar su objetivo: claridad legal sobre el tema de las criptomonedas; puesto que, finalmente aprobaron un nuevo plan financiero con nuevas estrategias y propuestas de carácter legal con respecto al uso de los criptoactivos.
Asimismo, esta señaló que dicho acontecimiento, ejecutado de forma consiente, tiene gran incidencia pues es la primera vez que nuevas leyes se discuten para delimitar el uso de las monedas digitales por parte de un organismo de gran autoridad.
Marcos legales planteados
Por ende, dentro de las propuestas legales que se han manifestado, la Comisión siente especial interés en aquellas monedas que muestran valores relativamente estables, ya que, fijan referencias económicas externas tales como el dólar estadounidense o un algoritmo determinado.
También, las nuevas iniciativas legales incluyen la introducción de un mayor número de requisitos de capital, derechos de los inversionistas y una mayor supervisión que será dirigida a las personas que hagan uso de los criptoactivos estables. Por su parte, la Comisión desea que los beneficiarios soliciten la autorización respectiva de alguna de las entidades del gobierno concernientes cuando la suma pendiente sobrepase los 5 millones de euros.
